Si formas parte de la junta de una comunidad de vecinos o eres administrador de fincas, es muy probable que el amianto sea un tema que tarde o temprano llegue a tu mesa. Bajantes de fibrocemento, depósitos de agua, cubiertas de uralita o falsos techos: muchos edificios construidos antes de 2002 contienen materiales con amianto que hoy están sujetos a obligaciones legales concretas.
En esta guía explicamos, en lenguaje claro, qué obliga la normativa, qué plazos hay que cumplir y cómo debe actuar una comunidad para hacerlo de forma legal y segura.
¿Por qué el amianto es un problema legal, no solo de salud?
El amianto está prohibido en España desde 2002, pero millones de edificios siguen conteniéndolo en materiales instalados antes de esa fecha. El riesgo aparece cuando ese material se deteriora o se manipula, liberando fibras que, inhaladas, se asocian a enfermedades graves.
Por eso la legislación ha pasado de "recomendar" a obligar: las comunidades de propietarios tienen hoy deberes concretos respecto a los materiales con amianto de sus edificios.
Obligaciones actuales de las comunidades
La norma que más afecta a las comunidades es la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Entre otras cosas, establece que los ayuntamientos deben elaborar censos de instalaciones y emplazamientos con amianto, con un calendario de retirada que prioriza los materiales en peor estado.
Para una comunidad de vecinos, esto se traduce en varios deberes prácticos:
- Identificar si el edificio contiene materiales con amianto.
- Elaborar un censo o inventario de esos materiales y evaluar su estado.
- Planificar la retirada de los materiales según su grado de deterioro.
- Encargar la retirada únicamente a empresas autorizadas.
No hace falta retirar todo el amianto de golpe ni de forma inmediata en todos los casos. Lo que exige la normativa es conocer qué hay, en qué estado está, y actuar de forma prioritaria sobre lo que representa mayor riesgo.
Plazos: ¿para cuándo hay que tenerlo hecho?
Los plazos concretos de retirada dependen del desarrollo normativo y de las ordenanzas de cada municipio y comunidad autónoma. La tendencia es clara: las administraciones están fijando calendarios de retirada progresiva, dando prioridad a los materiales más degradados y a los edificios de uso público.
Adelantarse tiene ventajas: evitas actuar con prisas y sanciones encima, y puedes acceder con más margen a las ayudas y subvenciones disponibles para la retirada.
Cómo debe actuar una comunidad, paso a paso
- Encargar una inspección técnica de amianto. Un arquitecto técnico especializado localiza los materiales, toma muestras si es necesario y evalúa su estado de conservación.
- Elaborar el censo o inventario. El informe documenta qué materiales hay, dónde, en qué cantidad y con qué nivel de riesgo.
- Priorizar actuaciones. No todo es urgente: se interviene primero sobre lo que está deteriorado o expuesto.
- Contratar la retirada a una empresa inscrita en el RERA. Solo las empresas del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto pueden manipular y retirar el material legalmente.
- Gestionar los residuos y documentar todo. El amianto retirado es un residuo peligroso con trazabilidad obligatoria.
Errores que salen caros
- Retirar la uralita por cuenta propia. Es ilegal y peligroso. Manipular amianto sin autorización expone a la comunidad a sanciones que pueden ser muy elevadas, además del riesgo para la salud.
- Ignorar el problema "porque no molesta". La obligación de censar e inventariar existe con independencia de que el material esté a la vista o dé problemas visibles.
- Contratar a cualquiera. Si la empresa no está inscrita en el RERA, la retirada no es válida y la responsabilidad recae sobre la comunidad.
¿Qué papel juega el arquitecto técnico?
El arquitecto técnico es el profesional que inspecciona, identifica y evalúa los materiales con amianto y elabora el informe que sirve de base para todo lo demás. No retira el amianto (eso corresponde a la empresa RERA), pero sí aporta el diagnóstico técnico que la comunidad necesita para cumplir la ley, priorizar y contratar con criterio.
Conclusión
Para una comunidad de vecinos, el amianto ya no es un tema que se pueda aparcar. La normativa obliga a conocer qué materiales hay y a planificar su retirada de forma ordenada. Actuar con antelación, apoyándose en un técnico especializado, es la forma de cumplir la ley, proteger la salud de los vecinos y aprovechar las ayudas disponibles.
Si tu comunidad necesita una inspección o un censo de amianto, podemos ayudaros a dar el primer paso con un diagnóstico técnico claro.